“El Gobierno institucionalizó la condición de refugiados”

En la quinta sesión de cuentas  parlamentarias los diputados de la alternativa democrática  Dinorah Figuera,  Juan Carlos Caldera, Abelardo Díaz y Richard Blanco conversaron sobre las fallas del sistema carcelario de nuestro país y la situación actual de las familias refugiadas

UNIDAD VENEZUELA.-  Desde la sede del  partido Podemos, Diputados de la alternativa democrática pertenecientes a las comisiones de política interior y familia de la Asamblea Nacional, anunciaron al país su propuesta ante la situación de las más de 300 mil familias afectadas por los deslizamientos de noviembre que continúan viviendo en refugios , y  solicitaron que se abriera una investigación exhaustiva al CICPC, por la  presunta violación a los derechos humanos de las tres personas fallecidas que se encontraban retenidas en la división de captura de este cuerpo policial en El Rosal.

La presidenta de la Comisión de Familia,  Dinorah Figuera (PJ-Distrito Capital), explicó que a más de 5 meses de los deslizamientos producto de las fuertes lluvias de noviembre de 2010, el Gobierno Nacional juega con las expectativas de las 300 mil familias afectadas que todavía permanecen en refugios,  al expropiar terrenos sin hacer evaluaciones técnicas que demuestren su  viabilidad de construcción.

“Desde la comisión hemos hecho un trabajo de  fiscalización en  estos albergues y nos percatamos de que el Gobierno institucionalizó la condición de refugiados de estas personas, dejándolos de manera permanente viviendo en carpas que no son resistentes a las inclemencias del clima; es por eso que consignamos un documento en la Defensoría del Pueblo, para que sea la misma Gabriela Ramírez  la que asuma el rol de lideresa  en el acompañamiento de estas  familias,  además de solicitar a los empresarios de la construcción su apoyo con materiales que permitan a estos niñas, niñas y adolescentes a crecer en un hogar digno”, agregó la diputada.

Los diputados Juan Carlos Caldera  y Richard Blanco, miembros de la comisión de política interior, solicitaron al Ministerio Público excluyera  al CICPC de la investigación  que se lleva a cabo por las presuntas violaciones de derechos humanos a los tres fallecidos que se encontraban retenidos por esta cuerpo, por considerar absurdo que sean los mismos acusados quienes realicen la investigación.

“No venimos aquí a acusar a nadie, venimos a solicitar una investigación exhaustiva, la exhumación inmediata de los cuerpos para su análisis y la presencia de una comisión mixta de diputados que garanticen la transparencia de las investigaciones” exclamo el diputado Caldera.

Los representantes de la comisión de política interior también solicitaron al subdirector del cuerpo de policía científica separarse de su cargo por considerar irresponsables sus declaraciones donde manifestaba que la muerte de estos tres reclusos había sido generada por abuso de sustancias ilícitas, que luego fue desmentida por el patólogo de la misma institución.

El diputado Abelardo Díaz (Copei-Táchira) aprovechó la reunión para denunciar la toma ilegal de maquinarias  que trabajan en una obra de la Gobernación del estado por parte de la Guardia Nacional y la intención del Gobierno Nacional de implementar un  chip en los vehículos de la entidad  que regule el suministro de gasolina a Bs. 3 por día.

“Anoche en una operación de comando militar, 20 efectivos en gandolas  de PDVSA, tomaron por asalto toda la maquinaria que estaba ejecutando la obra El Corozo de la Troncal 5, indispensable para el Táchira”, manifestó Díaz. Asimismo, el parlamentario responsabilizó al  General Franklin Márquez, Jefe del Core1 de esta operación  y repudió el procedimiento  por  considerarlo “una prueba más de que el Gobierno Nacional es un Gobierno hampón que está saboteando de manera directa la gestión del Gobernador del Táchira, César Pérez Vivas”, afirmó.